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El Impuesto General Indirecto Canario, creado por la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, surgió como resultado de un largo y complejo proceso negociador, motivado por la necesidad de actualizar las figuras fiscales aplicables en Canarias en virtud de la Ley 30/1972, sobre el Régimen Económico-Fiscal de Canarias, fundamentalmente
el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas y el Arbitrio Insular sobre el Lujo.
Este impuesto, que entró en vigor el día 1 de enero de 1993, se constituye en la pieza fundamental de la reforma de la imposición indirecta especial canaria. Esta figura no sólo respeta el derecho comunitario sino que también ha permitido obtener coherencia y coordinación con el sistema tributario aplicado en el resto del país y, lo que es más importante, contempla el mantenimiento de la franquicia al consumo del artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía Canario en su tradicional interpretación histórica que obliga a no imponer tributos sobre la fase minorista, hecho éste que se contempla en la Ley 20/1991 a través del artículo 10.1, apartados 27 y 28, que prevén la exención de las entregas de bienes que efectúen los comerciantes minoristas y la exención de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen sujetos pasivas personas físicas cuyo volumen de operaciones no lleguen al montante de 25.000 Euros o sus sucesivas revalorizaciones. No obstante, la verdadera franquicia fiscal sobre el consumo persiste en los bienes y servicios cuya adquisición o importación se somete al tipo cero del impuesto.
Además de mantener formalmente el principio de franquicia fiscal sobre el consumo, el impuesto constituye manifestación del principio material de diferencia fiscal en la imposición indirecta con el resto de España y, por extensión, con el resto de la Comunidad Europea. En efecto, los tipos impositivos vigentes en el IGIC son
muy inferiores a los de cualquier IVA comunitario.

El IGIC es un impuesto general sobre las ventas que constituye el tributo básico de la imposición indirecta canaria. Como tal, recae sobre todas y cada una de las fases de los procesos de producción-consumo e importación-consumo que se realicen en Canarias, gravando exclusivamente el valor que se añade en cada
fase. En este sentido, es de la familia de los impuestos sobre el valor añadido, vigentes en los ordenamientos tributarios de los países más avanzados.
Para lograr este efecto de gravar únicamente el valor añadido, cada empresario repercute o traslada el impuesto a su cliente aplicando un porcentaje (tipo impositivo) sobre el precio de la operación (precio que constituye la base imponible del impuesto), y resta o se deduce el IGIC que a su vez le han repercutido (o lo que es lo mismo, que él mismo ha soportado) en sus compras, o que ha tenido que pagar en la importación de bienes. El resultado de restar el total IGIC soportado por las compras del total IGIC repercutido por las ventas periódicamente (por lo general, cada trimestre) es justamente el montante del gravamen del valor añadido en la actividad empresarial en ese periodo de tiempo, que debe ingresarse en la Hacienda pública autonómica. Además, como la repercusión se realiza sobre el precio total, la carga tributaria se va trasladando íntegramente a la fase siguiente, hasta llegar al consumidor final, el cual soporta toda la carga de IGIC pero no tiene derecho a la deducción de las cuotas soportadas, derecho que sólo ostentan los empresarios cuando actúan como tales.
En consecuencia, el mecanismo descrito no sólo consigue que cada empresario ingrese una porción de impuesto, precisamente la que corresponde al valor que él mismo añade, sino que además grava únicamente y en última instancia al consumidor final. Es por ello que, aunque el impuesto recae formalmente sobre las operaciones empresariales y las importaciones, lo que pretende gravar realmente es el consumo en Canarias, a pesar de la vigencia del mencionado principio de franquicia fiscal sobre el consumo, que queda así muy
matizado y relativizado.
Los empresarios y profesionales, siempre que realicen exclusivamente operaciones exentas y que no originen derecho a la deducción del IGIC soportado, si bien no están obligados repercutir el impuesto con ocasión de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúen, tampoco pueden deducir el IGIC soportado en sus adquisiciones, por lo que el IGIC soportado se recupera, en su caso, vía precio.
El rendimiento económico del IGIC se queda íntegramente en Canarias. Algo más de la mitad nutre directamente las arcas autonómicas y el resto se distribuye a los Cabildos Insulares, que a su vez reparten el 40 por 100 de lo que les corresponde entre los Ayuntamientos de su ámbito territorial.

EL IGIC es un impuesto general sobre las ventas empresariales, si bien con ciertas exenciones específicas en su fase minorista. Es del tipo de los impuestos sobre el valor añadido, por lo que grava el aumento de valor que se produce en cada fase del proceso de producción o distribución, trasladando toda la carga tributaria al
consumidor final.